Mario García Valdez protagoniza investigación federal por desfalco millonario a la capital

El dinero debió ser utilizado en el programa "vivienda digna" pero no ocurrió así; tres alcaldes más también están involucrados, todos priistas

Un presunto quebranto por 8 millones 480 mil pesos al fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares (Fonhapo) forman un paquete de expedientes de denuncia que la Secretaría de la Función Pública (SFP) ha iniciado en contra del ex alcalde de la capital potosina, Mario García Valdez; y tres ex alcaldes huastecos de las administraciones 2012-2015, todos priistas.

Esa misma investigación involucran a otros tres presidentes aún en funciones.

En todos los casos también está involucrada la delegación en San Luis Potosí de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), así como el Gobierno del Estado, como “Instancias auxiliares”.

La documental que da sustento a las denuncias se desprenden de la Dirección General de Denuncias e Investigaciones, de la Subsecretaría de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas de la SFP y responsabilizan a los aludidos en el incumplimiento de sus funciones al no ejecutar acciones de vivienda en favor de personas en condición de pobreza dentro de programa “Vivienda Digna 2015” donde les transfirieron fondos federales millonarios que no ejercieron y tampoco los devolvieron, por lo que hacen del conocimiento del Congreso del Estado de San Luis Potosí para que actúe conforme a derecho e imponga probables sanciones a los presuntos responsables.

 

SAN LUIS POTOSÍ

En el primero de los casos correspondiente al Ayuntamiento de San Luis Potosí, mediante Denuncia Administrativa GAJ/SC/000594/2018 de fecha 13 de abril del 2018, la SFP se refiere a 120 acciones de ampliación de vivienda, tanto urbana como rural, donde el Fonhapo transfirió 2 millones 63 mil pesos de un total de 4 millones 451 mil 95 pesos que nunca se ejecutaron y responsabiliza al entonces presidente municipal postulado por el PRI-PVEM, Mario García Valdez;  a su síndico, María Eugenia Rivera Fernández y el secretario General del Ayuntamiento, Juan Ramón Nieto Navarro, actual subsecretario de Enlace Interinstitucional del Gobierno del Estado.

El documento establece que los tres “en el uso de sus funciones de su cargo, presuntamente incurrieron en falta administrativa al momento de aplicar y comprobar los subsidios que se le entregaron para que ejecutara y entregara las acciones de vivienda en los términos a que se obligó en el Convenio de Ejecución número PVD10182-15-0065 de fecha 11 de febrero del 2015”.

En la página 3 del expediente se establece que el 9 de junio del 2015 se informó al entonces alcalde capitalino, Mario García Valdez que habían detectado el incumplimiento y le requirió el reintegro de los recursos federales transferidos. Así mismo, del 27 de julio del 2015 hasta el 22 de enero del 2017 requirieron también al actual alcalde de la capital potosina, Ricardo Gallardo Juárez, del PRD, el reintegro de los fondos federales presuntamente desviados por MGV.

En oficio de la SFP de fecha 23 de abril del 2018 pero entregado hasta el 17 de julio del mismo año, se instruye al presidente de la Directiva del Congreso del Estado, diputado Fernando Chávez Méndez a brinde al caso la atención que conforme a derecho corresponda y aplique la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí; la Ley estatal de Responsabilidades de los servidores Públicos; la Ley Orgánica del Municipio Libre; y la Ley Orgánica del Poder Legislativo.

 

TANCANHUITZ DE SANTOS

Denuncia Administrativa con el numeral CAJ/CS/000535/2018 relativa al Convenio de Ejecución número PVD10341-15-0062 de fecha 11 de febrero del 2015, referente a la inejecución de 110 acciones de vivienda donde se transfirieron 2 millones 200 mil pesos del fideicomiso de Fonhapo de un total de 4 millones 629 mil 43 pesos que costaría el proyecto.

Responsabiliza al entonces presidente municipal postulado por PRI-Partido Conciencia Popular, José Guadalupe Aguilar Acuña; la síndico, Guillermina Martínez Salazar; y la secretaria General, Norma Luz Ocaña Sánchez.

Mediante oficio DPO/GO/002681/2015_S de fecha 9 de junio del 2015, Fonhapo informó al entonces alcalde, José Guadalupe Aguilar Acuña, se le informó del incumplimiento de las reglas de operación, así como a la cláusula 14 del Convenio, “por lo que a fin de regularizar el contenido del expediente técnico correspondiente se le requirió cumplir con los reportes y documentos que comprobaran la ejecución de las acciones y la conclusión de las obras, de lo contrario se procedería al reintegro de los recursos federales”.

En la presidencia municipal le sucedió y está en funciones su hermano, Rodolfo Aguilar Acuña, postulado por el PRI-PVEM-Nueva Alianza, a quien del 27 de julio del 2015 al 22 de enero del 2017 se le requirió sin éxito el reintegro de los fondos federales.

En oficio dirigido al presidente de la Directiva del Congreso del Estado, diputado Fernando Chávez Méndez, la SFP también le requiere actúe en consecuencia solamente contra uno de los hermanos, José Guadalupe Aguilar Acuña, su síndico y secretaria General.

 

SAN VICENTE TANCUAYALAB

En este caso es la Denuncia Administrativa CAJ/CS/000536/2018 relativa al Convenio de Ejecución número PVD10116-15-0056 de fecha 25 de enero del 2015, referente a la inejecución de 102 acciones de vivienda donde se transfirieron 2 millones 17 mil pesos del fideicomiso de Fonhapo de un total de 4 millones 292 mil 385 pesos que costaría el proyecto.

Los presuntos responsables para la SFP son el entonces acalde postulado por el PRI-PVEM-Partido Conciencia Popular, J. Jesús Soni Bulos; el síndico, Juan Anastacio Enríquez González; y el secretario General, Santiago Guerrero Castillo.

En 13 oficios del 27 de julio del 2015 al 5 de octubre del 2017 la SFP informó al actual alcalde Tirso Robles Azuara, del PAN, del incumplimiento y le requirió la devolución de los recursos federales transferidos.

En oficio dirigido al presidente de la Directiva del Congreso del Estado, diputado Fernando Chávez Méndez, la SFP también le requiere que actúe en consecuencia.

 

XILITLA

Denuncia Administrativa CAJ/CS/000534/2018 relativa al Convenio de Ejecución número PVD10864-15-0082 de fecha 26 de enero del 2015, referente a la inejecución de 110 acciones de vivienda donde se transfirieron 2 millones 200 mil pesos del fideicomiso de Fonhapo de un total de 4 millones 629 mil 385 pesos que costaría el proyecto.

Los presuntos responsables para la SFP son el entonces acalde postulado por el PRI-PVEM, Gerardo Edén Aguilar Sánchez; la síndico, Dora Alicia González Márquez; y el secretario General, José Inés Tovar Camacho.

Mediante oficio DPO/GO/002688/2015_S de fecha 9 de junio del 2015, Fonhapo informó al entonces alcalde el incumplimiento de las reglas de operación por lo que le requirió la devolución de los fondos federales aportados.

Este expediente contiene un error, pues establece como actual alcalde en funciones de Xilitla a “Ricardo Gallardo Juárez” cuando éste lo es de San Luis Potosí capital y quien está en el cargo es el panista Javier Pacheco Sánchez, a quien del 27 de julio del 2015 al 22 de enero del 2017 se le enviaron 10 oficios para solicitarle el reintegro de los recursos federales transferidos.

En oficio dirigido al presidente de la Directiva del Congreso del Estado, diputado Fernando Chávez Méndez, la SFP también le requiere que actúe en consecuencia.

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