Dan a AMLO 'plazo' para caso Ayotzinapa

Los padres de los 43 normalistas desaparecidos hace cuatro años pedirán al Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, acciones claras en sus primeros 10 días de gobierno

Sólo una firma haría falta para que Andrés Manuel López Obrador muestre que su Administración tiene la voluntad de resolver el caso Ayotzinapa. Una firma que, según los defensores que acompañan a los padres de los normalistas desaparecidos, debería llegar en los primeros 10 días de Gobierno.

Para Mario Patrón y Santiago Aguirre, director y subdirector, respectivamente, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, la emisión de un Decreto Presidencial que instruya a toda la Administración Pública Federal a cooperar con el caso lograría algo que no se pudo en cuatro años con Enrique Peña Nieto: pasar de las declaraciones a compromisos con trascendencia jurídica.

Ese planteamiento, adelantan los representantes del Centro Prodh, será el que le lleven los padres y las madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa al Presidente electo, cuando se reúnan -por primera vez después de las votaciones- el próximo miércoles 26 de septiembre, al cumplirse cuatro años de los hechos de Iguala, Guerrero.

Ese día, los familiares tendrán una reunión privada con el próximo Presidente de México, y posteriormente ofrecerán una conferencia en el Museo Memoria y Tolerancia, en la que además participarán la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

"La emisión de un decreto, como uno de los primeros actos de Gobierno del nuevo Presidente, en donde instruya a toda la Administración Pública a comprometerse con la verdad y a ayudar institucionalmente a la independencia de la investigación, sería un acto de voluntad política indubitable, que no se quedaría ya en la disposición ante los medios de comunicación, sino como un acto formal con relevancia y trascendencia jurídica", plantea Mario Patrón.

"El Gobierno empieza el 1 de diciembre, el 10 de diciembre es el Día Internacional de los Derechos Humanos, el día de la declaración universal; entonces, esos primeros 10 días podrían ser claves y tener un contexto inminentemente ideal para hacer una expresión tan clara y contundente como la emisión del decreto", agrega.

 

Una nueva oficina investigadora

Si bien un decreto presidencial firmado por AMLO mandaría el mensaje de que la verdad no está dicha, los representantes de los padres de Ayotzinapa están conscientes de que, para encontrar la verdad, se debe construir también un nuevo andamiaje institucional.

Y, para ello, en los primeros 100 días del nuevo Gobierno se debería crear una comisión especial de investigación, acatando la sentencia del Tribunal Colegiado de Tamaulipas, ya sea dentro de la actual Procuraduría General de la República (PGR) o como parte de la próxima Fiscalía General.

Además, en ese plazo también se deberá concretar un programa de incentivos jurídicos que permita romper los pactos de silencio creados entre criminales, pero también entre funcionarios; así como formalizar un nuevo convenio de asistencia técnica entre la futura Cancillería y la CIDH.

"El nuevo Gobierno habló en algún momento de que se necesita una Comisión de la Verdad; en realidad ya el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) tuteló una parte de la verdad, lo que necesitamos es una Comisión Especial de Investigación, que termine de indagar las responsabilidades y que determine el paradero de los estudiantes", sentencia Santiago Aguirre.

Aunque la PGR tiene una Oficina de Investigación del Caso Iguala, a cargo de Alfredo Higuera Bernal, ésta no se encuentra formalizada en la estructura orgánica de la Procuraduría, lo que le resta autonomía.

Por ello, Mario Patrón advierte que algunos funcionarios de la actual PGR no podrían permanecer en la nueva comisión investigadora.

"En la Agencia de Investigación Criminal (AIC) donde estuvo Tomás Zerón de Lucio, ahora está Omar García Harfuch, que incluso es uno de los nombres que aparece en la libreta de Sidronio Casarrubias (líder de Guerreros Unidos) y que por lo tanto tendría que ser una persona investigada alrededor del caso", plantea Patrón.

"Se tendría que hacer una nueva designación del equipo, nosotros como coadyuvantes hemos conocido a fondo ese equipo y sabemos que hay personas muy valiosas, muy comprometidas que tendrían que seguir en el caso, pero hay otras que tendría que ser relevadas, justamente por su conflicto de interés".

Sobre los incentivos para romper con pactos de silencio, Santiago Aguirre recuerda que la Ley Federal de Delincuencia Organizada contempla beneficios para quienes aportan información, pero esta figura no se ha querido usar en el caso Ayotzinapa.

Sin dar nombres, Aguirre refiere que personas detenidas por otros delitos e incluso funcionarios del Gobierno federal saliente podrían contar con información valiosa sobre el caso Ayotzinapa.

Reducción de penas, estar en prisión en ciertas cárceles o brindar protección a familiares serían algunos de los incentivos, planteados en la Ley Federal de Delincuencia Organizada, para quienes brinden información del caso.

Mientras que en política exterior, otro de los puntos prioritarios que plantearán para los 100 primeros días de Gobierno, confían en que el próximo canciller, Marcelo Ebrard, pueda marcar una diferencia respecto al sexenio de Enrique Peña Nieto.

"Uno de los retrocesos en derechos humanos que se vivieron en el sexenio de Peña Nieto estuvo muy vinculado con la política exterior", señala Aguirre, "lamentablemente, la Cancillería asumió que el problema de derechos humanos en México era de sobreexposición a los órganos internacionales".

Ebrard, como encargado de la política exterior del país, será quien firme los convenios de colaboración con organismos como la CIDH o la ONU-DH.

El miércoles, los padres y las madres de los normalistas desaparecidos le entregarán al Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, una propuesta de diseño de la Comisión de Investigación para el caso Ayotzinapa.

Como pendientes de la investigación, plantearán que se debe indagar a algunos miliares por nexos con el crimen organizado en Iguala, Guerrero; profundizar en el análisis de las llamadas telefónicas; así como en la participación de policías de otros municipios, no sólo de Iguala, Cocula y Huitzuco, y fijar la responsabilidad de la Policía Federal y el C4 local.

Y, por supuesto, abundar en la línea de investigación que tiene como eje el trasiego de droga de Guerrero a Estados Unidos.

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