SCT mintió sobre causas del socavón en Paso Exprés; hay irregularidades en contratos, dice CNDH

La Comisión de Derechos Humanos documentó “negligencia y posible corrupción” en las obras del Paso Exprés de Cuernavaca, que derivaron en la muerte de al menos cuatro personas y sobrecostos millonarios.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) acusó al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT), Gerardo Ruiz Esparza, de hacer declaraciones “faltas de verdad” ante el Senado de la República, cuando en agosto del año pasado explicó las causas que originaron un socavón en el Paso Exprés de Cuernavaca, a tan solo cinco meses de inaugurarse con una inversión superior a los 2 mil millones de pesos.

En su comparecencia ante los senadores, Ruiz Esparza se deslindó de responsabilidades por el socavón donde murieron dos personas al caer su vehículo, y dijo que se investigaría a las empresas constructoras como posibles responsables de negligencias en la obra.

Sin embargo, en la recomendación 34/2018, presentada ayer miércoles, la CNDH culpó directamente a la SCT de todas las posibles irregularidades que ocasionaron el socavón, y denunció, además, un “posible esquema de corrupción” entre la propia SCT y Banobras que derivó en sobrecostos millonarios para el erario y retrasos de siete meses en la ejecución de la obra.

“El socavón no es un mero accidente, sino la consecuencia de una obra pública muy mal diseñada, construida, coordinada, y supervisada por la SCT, Banobras, y las cuatro empresas involucradas”, señaló Enrique Guadarrama, segundo visitador de la CNDH, quien también recordó que, a más de un año, el caso continúa en la impunidad puesto que aún no hay responsables penalmente.

La recomendación de la CNDH está dirigida a la dependencia federal, así como a Banobras, Conagua, al gobierno de Morelos y al ayuntamiento de Cuernavaca. Además, prevé aportar todas las pruebas halladas de “negligencia y posible corrupción” a la Procuraduría General de la República (PGR), para que las incluya en la carpeta de investigación del caso y así deslindar posibles responsabilidades penales entre los implicados, más allá de las sanciones administrativas que la Función Pública ya impuso a 9 funcionarios.

En total, la recomendación del organismo autónomo de derechos humanos incluye 15 evidencias “que revelan graves deficiencias de planeación y construcción” del Paso Exprés, a partir de peritajes del Colegio de Ingenieros de Morelos, el Instituto de Ingeniería de la UNAM, y la división científica de la Policía Federal.

 

¿Qué causó el socavón?

La primera evidencia es que la SCT sabía que un tubo que cruzaba la obra por debajo de la tierra tenía problemas de “socavaciones severas”, y problemas de “desbordamiento” de agua, en el kilómetro donde se formó el socavón donde cayó el vehículo de las dos personas que fallecieron.

Sin embargo, la dependencia no hizo lo suficiente para mitigar el riesgo que implicaba un tubo desbordado de agua debajo de la construcción que, literalmente, colapsó y se hundió por la acumulación de agua en la zona.

Según documentó la CNDH, la SCT tampoco tenía la información adecuada sobre posibles cauces de agua que cruzaban el trayecto del Paso Exprés, ni tramitó todos los permisos necesarios en materia de aguas nacionales con la Conagua antes de que iniciaran los trabajos.

Además, la dependencia tardó un mes luego de que arrancara la construcción para pedir al Sistema de Agua Potable de Cuernavaca los informes acerca de la posible existencia de líneas de agua potable y drenaje que pudieran interferir en las obras del Paso Exprés.

Otra causa del socavón que la CNDH le imputa a la SCT es que no verificó el estado de la alcantarilla de desagüe, ni realizó el “encamisado metálico” por el interior del tubo que acabó desbordado de agua, “aun cuando se le recomendó hacerlo”.

Al ayuntamiento de Cuernavaca le imputa que la alcantarilla se obstruyera “por acumulación de basura”, lo cual pudo deteriorar el tubo que acabó colapsando y generando el socavón.

A Banobras y Conagua, la CNDH les acusa la “falta de previsión y planeación en materia hidráulica de la obra” y que no tuvieron en cuenta las condiciones de antigüedad, ni de debilidad del tubo de drenaje que pasaba por debajo de la construcción (clave en el surgimiento del socavón que prometía ser “de larga duración”).

Mientras que a la Conagua le señala de no informar a la SCT de todos los puntos de afectación hidráulica por la obra del Paso Exprés, “en particular donde se abrió el socavón”, y de no realizar visitas de verificación y aplicar sanciones a los responsables de la ejecución de la obra sin los permisos necesarios.

Sobre estas posibles causas, la CNDH dijo que la SCT tuvo la oportunidad de explicar “de manera suficiente” los orígenes de las fallas y quiénes eran los responsables directos. “Pero no lo hizo”, criticó el visitador Guadarrama. “Por el contrario, su titular (Gerardo Ruiz Esparza) realizó declaraciones faltas de verdad ante el Senado de la República y de deslinde de responsabilidad en medios de comunicación”.

El segundo visitador de la comisión añadió que los servidores públicos de la SCT no proporcionaron a la CNDH la información que se les solicitó, “al grado de enviar información desordenada y confusa contenida en cajas”, lo cual obstaculizó y retrasó la investigación.

La CNDH también señaló que otras negligencias e irregularidades en la obra del Paso Exprés originaron el fallecimiento de otras dos personas, además de las dos que fallecieron en el socavón.

Una tercera víctima murió antes de que se produjera el socavón. La persona circulaba en motocicleta cuando, debido a “la falta de diligencia y mitigación de riesgos donde se realizaba la construcción del Paso Exprés”, fue golpeada por un cable de luz de alta tensión suelto, y falleció.

Y la cuarta víctima murió después del socavón, al caer de un paso peatonal que no tenía barandal ni algún tipo de señalamiento de peligro a un costado del Paso Exprés.

Si bien en el caso de Juan Mena López y Juan Mena Romero, las dos personas que murieron en el socavón, sus familiares llegaron a acuerdos resarcitorios con la SCT y las constructoras, cuyo pago por indemnización no se conoce, en estos otros dos casos aún “no han obtenido debida reparación, ni hay responsables”, dijo Laura Treviño, también integrante de la CNDH.

 

Un posible “esquema de corrupción”

Al margen de las irregularidades técnicas de la obra, la CNDH reveló en su informe la existencia de un posible “esquema de corrupción” en la SCT y Banobras, a partir de la “manipulación” y “fragmentación” de los contratos de obra.

La comisión detectó que todos los contratos fueron modificados por lo menos en una ocasión, y en un caso hasta cuatro veces, mediante nueve convenios modificatorios. Esto implicó retraso en las fechas de ejecución y un sobrecosto del 67 % -de mil 134 millones previstos a mil 669 millones de pesos-.

Sobre este punto, la CNDH apuntó que el aumento entre las cantidades iniciales y las pagadas finalmente a tres de las cuatro empresas que participaron en la obra superó el 25 %, por lo que debió haber solicitado una autorización a la Secretaría de la Función Pública, y no lo hizo.

Además, se produjo la ampliación del proyecto carretero de ocho a 10 carriles sin que hubiera un proyecto ejecutivo que lo justificara, lo cual implicó aumentos en el precio y en el plazo de entrega.

“La SCT no justificó con documentos, ni informó por qué era mejor o más viable económica, financiera, técnica y socialmente, realizar una ampliación de carriles”, dijo el segundo visitador de la CNDH, Enrique Guadarrama.

Animal Político buscó a la SCT para conocer su postura sobre la recomendación de la CNDH. Pero a través de su departamento de comunicación social, la dependencia dijo que, por ahora, no tiene previsto emitir postura alguna.

 

Paso Exprés, caso cerrado: Función Pública

Quien sí dio su postura sobre el caso fue Arely Gómez, titular de la Secretaría de la Función Pública, dependencia que se encarga de vigilar la correcta actuación de los funcionarios.

Entrevistada en el Senado, Gómez dijo que el caso del socavón del Paso Exprés ya está “cerrado”, puesto que la dependencia a su cargo ya sancionó administrativamente a ocho funcionarios de la SCT y a otro de la Conagua, por irregularidades en la obra.

Arely Gómez destacó que han aplicado inhabilitaciones a los funcionarios por 10 años y que entre los sancionados está el director del Centro SCT en Morelos, “que es de un nivel muy alto”.

Aquí puedes leer o descargar la recomendación completa de la CNDH.


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