Secretarios de Seguridad y Finanzas son denunciados por peculado

El diputado Edgardo Hernández Contreras aseguró que los funcionarios están desviando recursos autorizados para el incremento del salario a los policías

El diputado Edgardo Hernández Contreras anunció en el pleno del Congreso del Estado que interpuso una denuncia contra el titular de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE), Jaime Ernesto Pineda Arteaga, Daniel Pedroza Gaitán, Secretario de Finanzas y de Armando Oviedo, vocero de seguridad por el delito de peculado, es decir la malversación de recurso público.

El legislador aseguró que este delito se está cometiendo al desviar el recurso público destinado para el incremento del salario de los policías estatales y custodios.

"No voy a permitir que el secretario de Seguridad Pública con la complicidad al parecer del secretario de Finanzas, estén desviando los recursos del aumento autorizado por 158 millones de pesos para el salario de todos los policías estatales y custodios", agregó.

El representante del Partido Verde insistió que ese presupuesto se aprobó desde el mes de diciembre del año pasado, por lo que no hay pretexto como el que manifestó en días pasados de que a mediados del año vendría un aumento retroactivo.

Hernández Contreras dijo que del recurso aprobado de los 158 millones de pesos han comenzado a dar grados y homologaciones a quién les da su gana bajo listados que el secretario de Seguridad, Jaime Ernesto Pineda favorecen por distinción de policías que no son siquiera operativos.

"Eso señores es un delito, de verdad no tienen vergüenza, es dinero de los policías y custodios y de sus familias...Se judicializará la carpeta correspondiente y se lleva prisión a quien resulte responsable...Te recuerdo secretario Ernesto Pineda ese dinero es del pueblo no suyo, no sea descarado, das vergüenza", agregó.

El congresista aseguró que presentó la denuncia ante la Auditoría Superior del Estado (ASE) y la ha mandado al presidente de México, al comisionado General de la Policía Federal, a la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública, la Fiscalía General de la República, a la Fiscalía General del Estado, el presidente de la Comisión de Hacienda y a la presidenta de la Comisión de Vigilancia.


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