Farmacéuticas cuestionan licitación por precios "irreales" e incertidumbre sobre pagos

También hay reclamos porque solo puedan participar los dueños de los registros sanitarios, por las fechas de entrega, y por la poca información sobre el proceso de pago.

Este 17 de junio terminó la fase de aclaraciones para la compra consolidada de medicamentos e insumos para la salud del segundo semestre del año fiscal 2019, pero las empresas farmacéuticas interesadas en participar se quedaron con dudas y reclamos no atendidos.

Los posibles licitantes tienen derecho a solicitar precisiones sobre los puntos publicados en la convocatoria. Para esta compra consolidada, las autoridades (la Secretaría de Salud y la de Hacienda) recibieron más de 6 mil cuestionamientos. La industria farmacéutica dijo que esa acumulación se debía a lo impreciso de las bases del proceso.

La Secretaría de Salud y Hacienda respondieron a esas 6 mil preguntas, pero las empresas farmacéuticas se quejaron que lo hicieron de forma ambigua. Así fue: en muchas de las respuestas, publicadas en las actas de la junta de aclaraciones de Compranet, solo se remite a los interesados a que lean los anexos de la licitación sin dar una contestación precisa.

Eso generó que hubiera otros 1,300 cuestionamientos sobre las respuestas de la autoridad. Ante las nuevas peticiones de aclaración, los posibles licitantes se han quedado igual, y ya sin posibilidad de volver a preguntar, así tendrán que decidir si presentan su propuesta para entrar a la licitación o simplemente se abstienen de participar.   

Una de las dudas y quejas más recurrentes fue sobre los precios máximos de referencia impuestos a diversos productos.

En una de las solicitudes de aclaración, por ejemplo, está relacionada con el costo de jeringas. En esta se puede leer: “entendemos que existe un error en el precio máximo de referencia al estar establecido por pieza y no conforme a la presentación del envase de 100, por lo que la cantidad correcta sería 98 pesos por envase y no 0.98. De confirmarse el precio señalado en el Anexo 1 de la convocatoria se generará que esta clave quede desierta”.

A este señalamiento, la Secretaría de Salud respondió tajante que se ratifica el precio máximo de referencia indicado en las bases de la licitación, es decir: 0.98 por caja de 100 piezas. 

Diversos precios resultan tan bajos para los fabricantes que, en otra de las solicitudes de aclaración sobre la cantidad a pagar se pide especificar si el precio máximo de referencia establecido “es simbólico o se trata de una donación para esos insumos”.  La respuesta registrada es que la solicitud de aclaración no está vinculada con algún punto específico de la convocatoria. 

En las actas de las juntas de aclaraciones, se puede leer también que los posibles licitantes le piden a la autoridad hacer público el estudio de mercado en el que se basaron para fijar los precios de referencia. La contestación de la autoridad es que esa solicitud no está vinculada con los puntos contenidos en la licitación. 

“La de los precios es una queja general porque sí son bajos y aunque los parámetros para fijarlos se reservan siempre, sería conveniente, ante las quejas, saber cuáles se usaron para determinarlos, porque hay mucha disparidad, en algunos casos son superiores, pero en la mayoría de los casos están por debajo de lo estipulado en otras licitaciones, en las que se habían fijado de acuerdo a los obtenidos en procesos similares”, explica Rafael Gual, director general de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (Canifarma). 

Gual refrenda que hay casos en los que los “precios son irreales”, como en el de los .98 por caja de 100 piezas de jeringas. Sin embargo, asegura que no sabe si esto realmente puede ocasionar que se queden claves desiertas. “Eso lo veremos hasta que suceda. No creo que haya empresas que puedan dar esos precios. Pero habrá que ver, también está en función del volumen que se licite para una clave en específico”.

Cuestionado sobre si esto podría provocar que se compre material de baja calidad para atender a los pacientes, Gual responde que los productos deben tener el registro de COFEPRIS y cumplir con la normatividad que existe en México. “No se pueden arriesgar a comprar un producto de mala calidad o que no haya cumplido con todo lo que exige la normativa”. 

Otras de las quejas es que la licitación sea internacional abierta y que no se restrinja solo a los países con los que México tiene firmados tratados de libre comercio.

También se leen discrepancias porque solo se permita la participación de los titulares del registro sanitario y hay muchas solicitudes de aclaración respecto a si pueden participar la empresa dedicada a la comercialización de un grupo farmacéutico titular del registro, a lo que la respuesta de la Secretaría de Salud es: “no se acepta”. 

En este sentido hay propuestas para aclarar si los dueños de los registros pueden participar en la licitación junto con un distribuidor autorizado, a lo que la autoridad refrenda su decisión de excluir a los distribuidores de este proceso de licitación al responder: “que podrán agruparse dos o más empresas para participar pero todas deberán ser titulares de registro”.

Dadas las cantidades de producto y lo cercano de las fechas de entrega, también se reiteran las peticiones para aclarar si se puede participar para abastecer solo una parte de lo requerido, a lo que se responde que no, que solo se podrá participar por el 100 % de la demanda.

Las dudas sobre los pagos también salieron a relucir. Varias de las preguntas se refieren a cómo se efectuarán los pagos a los proveedores, en qué plazo y cubriendo qué requisitos, ya que solo se habla de la facturación validada. La respuesta es escueta: “los pagos, sanciones, facturación y demás relativos serán plasmados dentro del contrato respectivo que se formalice con cada dependencia”.

Por supuesto preocupa también la fecha de entrega. Se ha entendido que quienes ganen la licitación tendrán solo cinco días para entregar el producto; así que se leen diversos señalamientos sobre lo apretado de los tiempos para cumplir con la demanda de los fármacos.

Al respecto, la autoridad responde que el plazo de cinco días se refiere al periodo otorgado para que los administradores del contrato soliciten los bienes en el documento y señalen la fecha de entrega, que en algunos casos se estipulará para 15 días después.

Juan de Villafranca, director de la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos (Amelaf), dice que por supuesto que se quedarán claves desiertas, “los fabricantes pueden decir para qué le entro, si no hay garantías de pago bien establecidas, al menos hasta ahora, los precios de referencia están muy bajos y las fechas de entrega muy apretadas, si no tienen el inventario listo no les va a dar tiempo de surtir, pues para qué”.

En ese escenario, el directivo señala que el gobierno tiene la opción de utilizar lo que se licitó a fines del año pasado, “eso no ha quedado cancelado, hay contratos vigentes con los que podría seguir adelante”. Esto en referencia a los que se firmaron para todo 2019 pero de los que solo se surtió un 40 % de la demanda y con los que el gobierno decidió no seguir adelante para concretar el restante 60 % del pedido.

Si no se opta por reactivar eso y hay muchas claves desiertas, de Villafranca dice que no se sabe cuál sería la situación real de desabasto, “porque solo ellos (las instituciones) saben exactamente cómo están sus inventarios”.   


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